Lo QUE no se DICE

Oscar Arias reunirá este jueves en San José de Costa Rica, a las autoridades de facto en Honduras y al presidente Manuel Zelaya. Si hay voluntad de las partes podría restituirse la legalidad.
 
*José Zepeda Varas
 
Los golpes de Estado buscan indefectiblemente una justificación que los haga potables a la población local y tolerables a la comunidad internacional.
El consenso internacional en contra del golpe es amplio y mayoritario, pero no unánime. En los Estados Unidos, Roger Noriega, ex subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, ex embajador norteamericano ante la Organización de Estados Americanos, se ha dedicado en los pasados días a una argumentación de base legal que justifica el derrocamiento de Zelaya mediante la ejecución de una orden de arresto autorizada por la Corte Suprema de Honduras respaldado por el Congreso nacional. Que el Presidente fuese sacado de su cama por gente del ejército, fuertemente armada, puesto en un avión y enviado a Costa Rica, son detalles irrelevantes para el Sr. Noriega. ¿Es importante el detalle a este hora? Sí, porque la pretensión es fracturar el consenso, es debilitar al máximo a Zelaya e influir en la negociación que este jueves presidirá el presidente Oscar Arias, en San José de Costa Rica.
 
La gente se pregunta si podría haberse evitado esta crisis. La respuesta sería afirmativa si las instituciones interamericanas contasen con un sistema de alerta temprana. La Organización de Estados Americanos tiene la Carta Democrática para actuar cuando las tempestades arrecian, pero carece de mecanismos preventivos. Su ausencia hoy se nota más nunca. Todo ello no resta méritos a una organización que hasta la fecha había guardado silencio cuasi cómplice con asonadas militares, golpes y autogolpes. La reivindicación de la Carta Democrática pone a la OEA en un nuevo escenario de credibilidad, pese al deseo de unos cuantos que preferirían su desaparición.
 
La argumentación legal de los opositores a Zelaya es convincente ya que los artículos 373 y 374 de la Constitución se refieren claramente a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, y establecen que las reformas constituciones deben gestionarse en el Congreso Nacional. El artículo 239 es lapidario. Dice a la letra: "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública"
 
La argumentación jurídica es poderosa pero ha primado la personalidad autoritaria por sobre la razón; la vocación antidemocrática de algunos y, por sobre todo, el espíritu oligarca de quienes siempre se han creído dueños del país.
 
Ahora el presidente de Costa Rica tiene la oportunidad de convencer a las partes de la necesidad del restablecimiento democrático y del respeto a la ley.
 
El Director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José, Roberto Cuellar:"Estamos en un momento social de los derechos de la gente, en donde los gobiernos han interpuesto fórmulas y propuestas para hacer la democracia más participativa. El mismo presidente Zelaya, hay que decirlo, lo que buscaba , sin duda en un momento extemporáneo, y quizás no apropiado para la Constitución política de Honduras, que tiene formas pétreas, era hacer más participativa la consulta con la población. Es una oportunidad para replantear, no solamente la defensa del a democracia, sino los preventivos de la institucionalidad democrática".
 
*José Zepeda Varas es director del Departamento Español de Radio Nederland