Lo QUE no se DICE

Tenemos miedo de que algo malo le pase, de  que lo torturen. Llamamos a la cárcel, pero nos respondieron: "Tengan paciencia, la investigación aún no ha terminado." Les imploré: "Por favor, déjenme al menos oir la voz de mi esposo". Su desaparición fue tan repentina ... mi familia y yo no dejamos de preguntarnos, ¿qué está pasando?

Esposa de Khalil ‘Abdul Rahman ‘Abdul Karim al-Janahi, detenido en el aeropuerto de Riad en abril de 2007.

Las autoridades saudíes están llevando a cabo una agresión sostenida contra los derechos humanos con la excusa de la lucha contra el terrorismo, ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo y exhaustivo informe publicado el 22 de julio de 2009.

Millares de personas han sido detenidas y recluidas prácticamente en secreto, y otras han muerto en circunstancias inciertas. Centenares más se enfrentan a juicios sumarios y secretos, y quizá a ejecución. Según informes, muchas han sido torturadas para obligarlas a confesar o como castigo después de haber sido condenadas.

Hace poco, el 8 de julio, el Ministerio de Justicia anunció que 330 personas habían sido juzgadas por delitos de terrorismo y recibido condenas que oscilaban entre multas y la pena de muerte. No se proporcionaron los nombres de las personas en cuestión ni información relacionada con los cargos formulados, manteniendo el secreto del proceso judicial.

"Estas medidas antiterroristas injustas han agravado la ya mala situación de los derechos humanos -ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África-. El gobierno saudí ha utilizado su poderosa influencia internacional para aplicarlas sin problema, y la comunidad internacional no le ha pedido cuentas por estas graves violaciones de derechos humanos."

De los millares de personas que se encuentran bajo custodia de las autoridades, algunas son presos de conciencia, a los que se ha detenido por criticar pacíficamente la política del gobierno. La mayoría son presuntos partidarios de grupos islamistas o de facciones contrarias a los estrechos vínculos del gobierno saudí con Estados Unidos y otros países occidentales, que han perpetrado diversos atentados contra occidentales y ciudadanos de otros países y a los que las autoridades tachan de "equivocados". También hay entre ellas personas devueltas de Irak, Pakistán, Yemen y otros países.

"Los abusos se llevan a cabo en secreto -explica Malcolm Smart-. Las personas detenidas no tienen ni idea de lo que van a hacer con ellas. La mayoría pasan años recluidas en régimen de incomunicación, sin juicio y sin acceso a abogados ni a un tribunal ante el que impugnar la legalidad de su detención. Esta situación tiene un efecto devastador en la persona detenida y en su familia."

Las medidas antiterroristas adoptadas por el gobierno tras los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 han exacerbado los abusos contra los derechos humanos que se venían cometiendo ya en el país desde hacía mucho tiempo.

Las detenciones arbitrarias y la reclusión prolongada, sin juicio y sin acceso a un abogado, de personas detenidas por razones políticas o de seguridad son un problema de derechos humanos en Arabia Saudí desde hace mucho tiempo, pero el número de personas detenidas arbitrariamente ha pasado de centenares a miles desde 2001, y entre ellas hay tanto ciudadanos saudíes como extranjeros.

En julio de 2007, el ministro del Interior informó de que entre 2003 y 2007 habían sido detenidas por motivos de seguridad 9.000 personas, 3.106 de las cuales seguían privadas de libertad. Otras han sido sometidas a un programa oficial de "reeducación", aunque no se sabe bien cómo se las ha seleccionado ni en qué condiciones pueden conseguir la libertad.

Según informes, entre las torturas y otros malos tratos infligidos figuran actos como someter a la víctima a fuertes palizas con palos, darle puñetazos, colgarla del techo, aplicarle descargas eléctricas e impedirle dormir. Asimismo, se imponen judicialmente penas de flagelación, solas o como complemento de condenas de prisión, que pueden ser de millares de latigazos.

Amnistía Internacional pone de relieve en su informe que los juicios de personas detenidas por motivos políticos o de seguridad se llevan a cabo con sumo secreto y sin respetar las normas internacionales de justicia procesal. En marzo de este año, el gobierno anunció el inició ante un tribunal penal especial de los juicios de 991 personas acusadas de delitos penados con la muerte.

En muchos casos, ni los acusados ni sus familias son informados de la marcha de los procedimientos judiciales entablados contra ellos.

Las medidas antiterroristas introducidas desde 2001 han retrasado el limitado proceso de reforma que se había iniciado en materia de derechos humanos en Arabia Saudí. Sumadas a la severa represión de todas las formas de disidencia y al débil marco de derechos humanos existente, hacen que en la actualidad haya una falta casi completa de protección de las libertades y los derechos.

Fuente: Amnistia Intl.

A pesar de que las donaciones han crecido, desarrollar tareas humanitarias se ha convertido en un peligro para la vida de los socorristas en varias regiones del mundo, dice reporte anual de la ONG Médicos sin Fronteras.

 Las organizaciones humanitarias en Alemania son privilegiadas. Eso es lo que, aparentemente revelan las últimas cifras dadas a conocer por Médicos sin Fronteras este 17 de julio en Berlín.  En 2008, según dicho informe presentado por su director general, Tankred Stöbe, "aumentaron las donaciones en un 28 por ciento, la mayoría provenientes de personas particulares".

La ONG Médicos sin Fronteras tiene secciones en 24 países y desarrolla actividades de asistencia en 65. De Alemania salieron en 2008 más de 300 personas a las más diferentes regiones del mundo para asumir tareas como médicos, enfermeras o asistentes de salud.

Seguridad se deteriora...

Pero no en todas partes en donde se necesita  ayuda es posible ayudar sin arriesgar la vida. Para los cooperantes, la seguridad personal en varios países se ve cada vez más deteriorada. Vemos en los últimos años un significativo aumento del peligro", dice Stöbe.

En los casos citados por el director de Médicos sin Fronteras no se trata sólo de pequeños incidentes, sino de secuestro e incluso de casos de asesinato. Los colaboradores locales, por su parte, son los más afectados por los ataques contra dicha ONG.

En lugar y hora equivocados

En Pakistán, por ejemplo, murieron dos cooperantes de la organización en el fuego cruzado entre terroristas talibanes y fuerzas del Ejército pakistaní. "Estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada", dijo Frank Dörner, director administrativo de dicha ONG internacional.

 A pesar de que Médicos sin Fronteras fue la única organización humanitaria que ofreció asistencia a los cientos de miles de personas que huyeron de la más reciente ofensiva de las fuerzas nacionales contra los militantes de Al Qaeda en el valle de Swat, la ONG tuvo que abandonar la región, denuncia Dörner.

 En Pakistán, las organizaciones no gubernamentales son acusadas, a menudo, de representar los intereses de la política de países occidentales. Peor aún: el término "organización no gubernamental" es percibido como algo "negativo". Por eso, como explica Dörner, Médicos sin Fronteras se presenta especialmente en Pakistán como una organización privada que financia sus proyectos humanitarios únicamente con donaciones de particulares.

Acusaciones falsas y situación dramática en Sudán

También en Sudán las organizaciones no gubernamentales tienen grandes problemas, sobre todo después de que se dictara orden de captura internacional contra el presidente Omar Bashir.

De Darfur, la región en conflicto, han sido expulsadas 13 organizaciones humanitarias, entre ellas,  las secciones holandesas y francesas de Médicos sin Fronteras. "Nuestra preocupación es grande por el destino que corran los cientos de miles de personas que necesitan ayuda", recalcó Stöbe.

El gobierno sudanés culpa, "erróneamente", a Médicos sin Fronteras, de cooperar con el Tribunal Penal Internacional. "Eso no es cierto. Médico sin Fronteras no le pasa ningún tipo de informaciones a dicha instancia penal de Naciones Unidas", dijo Dörner.

Autorin: Bettina Marx / Editor: Pablo Kummetz

El recrudecimiento de los combates en Mogadiscio, la capital de Somalia, ha provocado que la mayoría de los habitantes de los distritos de Yaqshid, Karan y Abdul Azziz, en el norte de la ciudad, hayan tenido que huir de sus hogares. Los continuos bombardeos, las fuertes explosiones y la lucha abierta que mantienen los distintos grupos armados, se han cobrado ya decenas de víctimas civiles y han sumido la ciudad en el caos.

Durante la última semana, los tres centros de salud y el hospital pediátrico que gestiona Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mogadiscio Norte han tenido que cerrar sus puertas debido a los combates. El personal de la organización, al igual que el resto de la población, ha tenido que huir para poner a salvo sus vidas y las de sus familias, algo que no había sucedido en los más de 17 años que MSF lleva trabajando en Mogadiscio. 

Hasta el momento en el que se produjo el cierre forzoso de sus estructuras de salud en Mogadiscio Norte, los equipos de MSF estaban llevando a cabo una media de 2.500 consultas por semana y trataban a unos 400 niños desnutridos. En el hospital de Daynile, situado en el oeste de Mogadiscio, el personal de MSF ha tratado a 869 personas heridas y ha llevado a cabo 49 intervenciones quirúrgicas desde principios de mayo. Entre todas las personas que recibieron tratamiento de urgencia, 162 eran niños menores de 14 años y 156 eran mujeres. 12 pacientes murieron a causa de las heridas.

"Alrededor de 200.000 personas han tenido que huir durante los dos  últimos meses en dirección a Afgooye y Jowhar. Todo el mundo está aterrorizado y en los últimos 15 días el número de víctimas mortales y heridos ha aumentado drásticamente. Resulta imposible poder prestar asistencia médica y humanitaria a aquellos que la necesitan", dice desde Nairobi Mónica Camacho, coordinadora general de la misión de MSF en Somalia.

En la ruta que lleva hacia Afgooye, al oeste de Mogadiscio, medio millón de personas están viviendo en refugios temporales hechos con palos y telas de plástico. Muchos de ellos han huido de Mogadiscio. El acceso a la salud es enormemente limitado y la falta de agua potable y de comida hace que la situación sea desesperada. Además, los asentamientos están saturados y esto aumenta considerablemente el riesgo de que se produzcan epidemias de cólera o sarampión.

MSF hace un llamamiento a todas las partes enfrentadas para que respeten las estructuras médicas de la organización y el trabajo de su personal nacional somalí, profesionales de la salud que han logrado mantener la prestación de ayuda médica y humanitaria en las peores condiciones imaginables.    

 "Algunos de los centros médicos han sido tomados por hombres armados. Todos los pacientes que estaban siendo tratados hasta hace dos semanas en las estructuras de MSF han huido o han tenido que ser evacuados. Muchos han tenido que interrumpir su tratamiento, lo cual es verdaderamente preocupante. En Mogadiscio Norte ya no queda prácticamente nadie por las calles", dice Alfonso Verdú, responsable de operaciones de MSF en Somalia.

En los tres últimos meses, MSF ha sufrido numerosos incidentes de seguridad. En abril, dos miembros de la organización estuvieron secuestrados durante una semana en Huddur, en la región de Bakool. Un trabajador somalí de MSF murió el pasado día 18 de junio tras la explosión de una bomba que mató a otras 30 personas. Más tarde, también durante el pasado mes de junio, en Galcayo Norte se produjo un ataque contra  un vehículo en el que viajaba personal de la organización y en el que resultó muerta la madre de uno de sus pacientes. Todo ello, unido a la creciente situación de inseguridad de los últimos dos años, ha hecho que el trabajo de Médicos Sin Fronteras en Somalia sea cada vez más complicado.

"A pesar de todo lo ocurrido, queremos seguir trabajando en el país. Las necesidades son inmensas y las principales víctimas del conflicto son los civiles", dice Alfonso Verdú. "La  población está atrapada, abandonada a su suerte. Es algo que se puede comprobar en nuestro hospital en Daynile, en el oeste de Mogadiscio, donde la mitad de nuestros pacientes son mujeres y niños". "Pedimos una vez más a todas las partes del conflicto que respeten la integridad de los civiles y garanticen el espacio humanitario necesario para tratar a los heridos", añade Verdú. 

http://www.clarin.com/diario/2009/06/12/conexiones/humanitaria.html

LO QUE NO SE DICE

La secretaria general de Amnistía Internacional inició su primera visita de alto nivel a Kenia con recorridos por dos asentamientos precarios de Nairobi, ciudad en la cual casi dos millones de personas viven en barrios marginales.

Rodeada por cientos de entusiastas escolares de Glory School en el asentamiento precario de Korogocho, Irene Khan lanzó la primera acción de Exige Dignidad, la nueva campaña global de Amnistía Internacional. La Sra. Khan pidió a residentes del asentamiento que manifestaran al gobierno keniano el significado que para ellos tenían los conceptos de dignidad y derecho a la vivienda a través de un servicio de mensajes SMS gratuito.

"¡Queremos ir a la escuela!", corearon los niños alzando los brazos.

Integrantes de las comunidades residentes en los barrios marginales de Korogocho y Kibera contaron historias, cantaron canciones y utilizaron representaciones de teatro callejero para ilustrar las violaciones de derechos humanos a las que se enfrentan a diario en su calidad de residentes de asentamientos precarios.

"La proliferación de asentamientos precarios en las zonas urbanas se ha convertido en el símbolo de la gente olvidada y marginada, que se ve excluida no sólo de servicios básicos como los servicios de saneamiento sino también del proceso de toma de decisiones que afecta incluso a sus propias vidas", manifestó la Sra. Khan.

En los asentamientos, niños y niñas juegan en arroyos cenagosos que corren a lo largo de estrechos callejones, y los senderos están cubiertos de residuos y de excrementos animales y humanos. El hacinamiento imperante en Kibera -el asentamiento precario más grande de África- constituye un grave problema: más de 800.000 personas ocupan un terreno de 250 hectáreas.

Muchas de las personas que residen en estos asentamientos describieron la inseguridad que conlleva la vida en los barrios marginales. En Korogocho, la Sra. Khan se entrevistó con Mama Franco, madre de tres hijos, que poco tiempo antes había perdido sus escasas pertenencias cuando su vivienda se incendió a causa de una lámpara de queroseno que utilizaba por carecer de suministro eléctrico.

Mama Franco es una de las aproximadamente 127.000 personas pobres que se enfrentan a la pérdida de sus viviendas a causa de un proyecto de limpieza de la cuenca del río. Glory School, que cuenta con 500 alumnos, también se ve amenazada con la destrucción. Los detalles que se han hecho públicos sobre los desalojos forzosos que acarrearía el proyecto son escasos, lo cual ha sumido a los residentes en un temor constante de que los echen de sus viviendas.

La Sra. Khan también habló con Jocelyn Kemuto Nkykooyo -una mujer que vive con VIH/sida-, que perdió su vivienda y posteriormente fue abandonada por su esposo. Jocelyn podría ahora verse excluida de un proyecto gubernamental de mejora urbanística porque el nombre con el que se había registrado su vivienda para el programa era el de su esposo y no el suyo.

Con esta primera acción de la campaña Exige Dignidad, Amnistía Internacional trata de empoderar a las personas que viven sumidas en la pobreza y llevar su voz a los niveles más altos del gobierno. Las voces recogidas en los asentamientos informales de Kenia a través de la acción de mensajes SMS y del sitio web http://demanddignity.amnesty.org/es serán presentadas al gobierno keniano el Día Mundial del Hábitat.

http://s3.amazonaws.com/lcp/loquenosedice/myfiles/amnistiapuertorico.pdf

LO QUE NO SE DICE

La petrolera acuerda pagar una indemización para evitar un juicio por complicidad en la ejecución de nueve ecologistas en 1995

POR: EL PAÍS

La petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell ha acordado el pago de una indemnización de 15,5 millones de dólares (11,1 millones de euros) para evitar un juicio por su complicidad en el asesinato de nueve activistas ogonis en Nigeria en los años noventa, condenados a muerte por la dictadura del país por manifestarse contra las extracciones petroleras en el delta del Níger. Entre los ejecutados estuvo Ken Saro-Wiwa, célebre ecologista y poeta, un escándalo que en buena parte contribuyó a la salida de Shell de un país en el que había estado presente desde el descubrimiento del crudo en 1958, cuando todavía era colonia británica.

El pacto económico entre la compañía y los abogados de los demandantes pone fin a más de una década de disputas trasladadas al Tribunal de Distrito de Manhattan en Nueva York. La denuncia acusaba a Shell de apoyar violaciones de los derechos humanos en Níger y, entre otros delitos, vinculaba a la petrolera con la muerte de Ken Sar Wiwa y otros ocho opositores al Gobierno militar en 1995.

El abogado de las víctimas Paul Hoffman ha explicado que cinco millones de dólares de la indemnización irán a parar a un fondo a favor del pueblo ogoni, indígena del delta del Níger, mientras que el resto del dinero servirá para abonar los costes de los abogados y compensar directamente a las familias afectadas.

No obstante, Shell sigue asegurando que "las alegaciones eran falsas". "Aunque estábamos preparados para ir a juicio y limpiar nuestro nombre, creemos que la forma correcta de seguir adelante es centrarnos en el futuro del pueblo ogoni, importante para la paz y la estabilidad y la región"", ha declarado el director ejecutivo para exploración y producción, Malcolm Brinded.

De esta forma, Shell reconoce que, "aunque no tomó parte en la violencia ocurrida", sí admite que "los demandantes y otras personas sufrieron" como consecuencia de la represión.

La secretaria general de Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento al grupo del G-20,  que reúne a las economías más poderosas del mundo, para que den ejemplo y muestren un verdadero compromiso con los derechos humanos.

"Para convertirse en verdaderos líderes mundiales, los Estados miembros del G-20 deben abrazar los valores universales y enfrentarse a su propia y turbia trayectoria y a su doble moral en relación con los derechos humanos", ha afirmado Irene Khan, en la presentación del informe anual de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

Los siguientes países componen el G-20: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. 

Amnistía Internacional ha reunido pruebas que demuestran que en más de la mitad de los países del G-20 se han cometido violaciones de derechos humanos, lo que pone en cuestión su propia credibilidad a la hora de dirigir los destinos del mundo.  Los dos países más poderosos del G-20, Estados Unidos y China, se han comprometido sólo con una parte de la agenda global de derechos humanos. 

China ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), pero no el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Por el contrario, Estados Unidos ha ratificado el PIDCP pero no el PIDESC. 

"Ambas potencias deben demostrar su compromiso con el conjunto de instrumentos de derechos humanos ratificando sin dilación ambos tratados", ha dicho Irene Khan. 

Al menos 2.390 personas en todo el mundo perdieron la vida como consecuencia de la pena de muerte. El 78 por ciento de todas las ejecuciones tuvo lugar en países del G-20. En Arabia Saudí, China y Estados Unidos se registraron las cifras más elevadas de ejecuciones. De los cuatro Estados que practicaron el mayor número de ejecuciones en 2008, sólo uno no es miembro del G-20: Irán.

En nueve países del G-20, agentes encargados de hacer cumplir la ley cometieron homicidios ilegítimos: Argentina, Brasil, Francia, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía.

En 15 países del G-20 se torturó o sometió a otros malos tratos a detenidos bajo custodia: Arabia Saudí, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía.

En ocho países del G-20 se sometió a personas a juicios sin garantías: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía, y en uno, a vistas injustas: Reino Unido.

En 14 países del G-20 se detuvo a personas injustamente, a menudo sin cargos ni juicio y durante periodos prolongados de tiempo: Arabia Saudí, Australia, Canadá (un caso de detención por motivos de inmigración), China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Italia, México, Reino Unido (ciudadanos extranjeros en espera de expulsión), Rusia, Sudáfrica y Turquía.

"Quienes deciden los destinos del mundo deben predicar con el ejemplo. Un buen comienzo para los miembros del G-20 sería que afirmasen claramente que todos los derechos humanos -económicos, sociales y culturales, civiles y políticos- tienen la misma importancia", ha señalado Irene Khan.

Todas estas cifras se refieren a los 19 países del G-20, sin inclusión de la Unión Europea.